El trabajo de desarmar las mentiras

Diputadas y diputados escucharon lecciones prácticas de qué pasó en Argentina hace poco más de diez años con la sanción de la ley de ligadura tubaria, y también herramientas y datos sobre tratados internacionales y aplicaciones de la ley actual en el país.

Nacionales Inforegional 23 de mayo de 2018
na17fo01_18
La diputada Juliana Marino (MC), oradora en el debate por el aborto.

“Me arrojaron escarpines, me gritaron asesina”, recordó ante diputadas y diputados, a poco de comenzada la duodécima audiencia sobre aborto, la ex legisladora Juliana Marino. “Es necesario apoyar a los diputados que tienen el privilegio de acompañar un tema de esta magnitud. Ya están acompañados por la mayoría del conjunto social, movilizado como nunca se había logrado”, añadió. Si algo enseña la historia, parecía decir la intervención de quien en 2006 –como autora del proyecto sobre ligadura tubaria y vasectomía (aprobado ese año)— conoció en carne propia la resistencia a la garantía estatal de los derechos, fue que las amenazas pueden ser –literalmente– bíblicas, pero la vida política sigue adelante y el mundo continúa, solo que con más derechos, porque, por ejemplo, “los sectores que hoy se oponen son los mismos que se negaban y obstaculizaba las políticas de prevención del embarazo, la educación sexual integral, la ligadura tubería y la vasectomía y los abortos no punibles”. La jornada tuvo más de cuarenta oradores, y traspiés que incluyeron al presidente de la comisión de Legislación Penal y anfitrión –corbata con detalles verdes mediante– de las audiencias, Daniel Lipovetzky, advirtiendo a una oradora que “no se permite maldecir a los diputados”, luego de que ella lo hiciera reiteradamente durante su intervención y, tras sentarse, discutiera con la diputada Carolina Moisés.

Las intervenciones en favor de la ley rondaron distintos ejes: salud, aplicación real y actual del derecho en Argentina, experiencias en Latinoamérica (el caso de Colombia tras la aprobación del régimen de tres causales, el de México luego de que el DF legalizara el aborto) y en Estados Unidos (un estudio estadístico detalladísimo sobre qué pasa cuando a una mujer se le niega la práctica y qué cuando puede acceder a ella), la maternidad como deseo y como imposición (muy claro, al respecto, el testimonio de la actriz Marina Glezer, pero también los aportes de quienes llevaron casos reales, conocidos en el trabajo cotidiano de hospitales y militancias de base). 

En contra de los proyectos, en cambio, las intervenciones, además de maldiciones y al menos dos episodios de llantos desde el atril, incluyeron los ya conocidos argumentos naturalistas (según los cuales la legalización del aborto, como antes había sucedido con la anticoncepción, es parte de un plan de los países industrializados para sojuzgar al Tercer Mundo), la manipulación de marcos legales, la proyección reiterada de videos y fotografías de presuntas interrupciones del embarazo, la afirmación de que una voluntad eugenésica anima el debate y de que corre peligro el país, amén de cuestiones morales y religiosas. 

Mientras que entre los defensores de los proyectos de legalización del aborto se encontraban, también, especialistas en derecho internacional, investigadoras médicas y de ciencias sociales, y hasta un funcionario de la administración bonaerense (el secretario de derechos humanos Santiago Cantón, quien aclaró que intervenía en calidad de ex Secretario Ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), la experta en bioética Florencia Luna y la periodista de este diario Marta Dillon, entre otros perfiles, el sector antiderechos exhibió otros algo más humildes. Entre catequistas (una de ellas lloró desde el comienzo hasta el final de su exposición, mientras agitaba en el aire uno de los muñequitos de la campaña El Bebito), una presunta feminista arrepentida (la brasileña Sara Fernanda Giromini, “conocida como Sara Winter”), cuadros de la Universidad Austral y pastores no declarados, se encontraban, también, abogados como Fernando Mayoraz, el santafesino que en 2008 recurrió legal –y persistentemente– la compra que la municipalidad rosarina había hecho de la píldora del día después. En el medio, para sacudir la modorra de media mañana, sobrevino el episodio de las maldiciones (ver aparte).

“Cualquiera puede pensar que está favor o en contra del aborto, lo que no se puede es mentir, decir cosas que los órganos internacionales no dicen”, dijo –en referencia a argumentos reiterados cada audiencia por antiderechos– al comenzar su intervención el abogado Fabián Salvioli, quien durante seis años integró la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y durante dos años la presidió. Para esos organismos, el aborto “no es ni pena de muerte ni homicidio ni ejecuciones sumarias ni privación arbitraria de la vida” y las convenciones internacionales suscritas por Argentina están lejos de impedir a la ley local legalizar la intervención, añadió, y enfatizó que es más bien todo lo contrario. Si fuera diputado, dijo también, “votaría a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, porque soy más provida que nadie”.

Por su parte, el abogado del hospital Paroissien, de Mendoza, Héctor Chaves, contó cómo esa institución modificó su postura ante el aborto no punible luego de que, por recomendación de él mismo, negara la práctica a una mujer que gestaba un feto sin posibilidad de sobrevida. “El caso fue derivado a mis manos, tuve que resolverlo. Como buen abogado pragmático, dictaminé con la letra muerta del Código (Penal): no había peligro de vida para la vida de la madre. La señora, entre lágrimas, se fue. Judicializó el caso, ante la negativa de la dirección (del hospital). Meses después, el juzgado de familia ordenó la interrupción legal del embarazo; ella tenía 34 semanas de embarazo. Ese hecho puntual me cambió. Luego de leer la sentencia, me di cuenta del daño que, como servidores y funcionarios públicos, hacemos con nuestras decisiones. Eso cambió mi visión y me transformó en abogado no proaborto sino prodecidir: ver la necesidad del otro. Ver cómo a esa señora, que a veces no tiene siquiera para el pasaje del colectivo, que camina más de 10 o 20 kilómetros para llegar al hospital, crudamente se le niega la atención a un derecho que, como bien dijo la Corte, desde 1921 existe”.

Fuente: Pagina 12

Te puede interesar